A propósito de la Ley Sinde 

 

Parece que una vez más el "bipartido único" PP-PSOE juega al triángulo amoroso con los nacionalistas, unas veces el PNV, hoy CIU, para llevarse por delante algunos derechos fundamentales como el de la Libertad de Expresión, el Derecho a la Información o el Artículo 9.2 de la Constitución, a golpe de legislación incipiente.

 

Veamos, la Ley Sinde (en realidad solo una disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible) pretendía, cuando fue rechazada en el Congreso, que la decisión en torno al cierre de una WEB la tomara el Ministerio de Cultura, algo que en un estado de derecho chirría y mucho. Toda vez que se dieron cuenta de que eso iba a ser muy difícil de digerir para la mayoría de los votantes de los partidos del arco parlamentario, la ley fue rechazada por estos.

 

Pero hete aquí que el PSOE y el PP han buscado un aliado de los de costumbre para suavizar la vestimenta de una ley que en lo fundamental no cambia. Ahora parece que ya se le puede dar el visto bueno, porque la tutela judicial está garantizada. Sin embargo esto no es más que un disfraz, ya que si bien el juez dará curso a la instrucción y firmará las actuaciones, la ley mantendrá la creación de una comisión extrajudicial, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidirá qué páginas vulneran derechos de Propiedad Intelectual y deben ser advertidas, sancionadas o cerradas. Así pues, se le hurta una capacidad que en teoría debería corresponder en exclusiva al Poder Judicial para dársela al Poder Legislativo (es decir el gobierno).

 

La realidad que subyace tras todo esto no es el derecho que los artistas y trabajadores creativos tienen a una justa remuneración por su trabajo, que por supuesto que la tienen, ni siquiera si es necesaria una ley que lo regule, que seguramente sí lo sea. Sino la defensa a ultranza y a contracorriente de un modelo de negocio absolutamente agotado como es el que mantienen productoras, discográficas y distribuidoras.

 

Seamos sinceros, nadie paga 60 euros al mes por una conexión ADSL de 10MB para ver cuatro webs, leer los medios digitales y bajar el correo, para eso bastaría con una conexión mínima. El usuario paga 60 euros al mes más el canon que grava los discos duros, los pendrives, los ordenadores, los reproductores, los televisores, CDs y DVDs para algo más que eso.

 

Las productoras, discográficas y distribuidoras deben aceptar de una vez que el modelo de negocio que mantuvieron en los 80 y principios de los 90, donde los artistas recibían un exiguo 5 % del precio de sus productos finales y el resto de un precio desorbitado iba a parar a las sacas de estas, ¡ha muerto! Murió de éxito e Internet le puso dos metros de tierra encima.

 

Y los poderes públicos deben perder el miedo a incluir en este debate a esas grandes máquinas de especular y generar beneficios espurios que son las grandes operadoras de comunicaciones y que, a la chita callando, se están haciendo de oro y se frotan las manos al ver la algarada montada entre usuarios y creativos, como si la cosa no fuera con ellos.

 

Debemos seguir defendiendo la neutralidad de la Red como un espacio de libre expresión y acceso a la cultura, hay que  proteger el valor de Internet para al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. 

Francisco Riaño Campos. Responsable de Organización Provincial de Izquierda Unida  de Guadalajara